Toda teoría de la interpretación puede ser entendida, y usualmente lo es, como una recomendación de política del derecho. En especial, la tesis antiformalista (en sus variantes) ha parecido a muchos como una doctrina dirigida a librar a juristas y jueces de todo vínculo de “fidelidad a la ley” y, en suma, a favorecer la “libre creación” de derecho por parte de los intérpretes. Es bueno que la creación judicial (y doctrinal) de derecho sea explícita, porque solo bajo esta condición es posible ejercer sobre ella un control crítico: no tanto por parte de la opinión pública, sino más bien por obra de la “cultura jurídica interna”. Es bueno que la creación judicial (y doctrinal) de derecho sea consciente, ya que es preferible que los operadores realicen elecciones políticas en vista de resultados prácticos previstos y deseables, en lugar de decidir a ciegas –por ejemplo, en honor a una construcción dogmática elegante– sin representarse con claridad los posibles resultados de las decisiones
